Mapa integral de riesgos
Semáforo de cumplimiento
Plan correctivo prioritario
Preparación
Entrega-Recepción
Una revisión integral de su ayuntamiento
Auditoría jurídica
Revisión de contratos y convenios.
Revisión de procedimientos
administrativos.
Estado procesal de juicios y litigios.
Cumplimiento de obligaciones legales.
Revisión de reglamentos y acuerdos de Cabildo.
Riesgos por responsabilidad administrativa.
¿Qué incluye?
Evaluamos de manera independiente el estado jurídico, financiero y administrativo de su Ayuntamiento para identificar riesgos, corregir deficiencias y preparar una entrega-recepción ordenada antes de cualquier revisión por la Auditoría Superior del Estado o las autoridades competentes.
Al concluir la auditoría se entrega:
• Informe Ejecutivo para el Presidente Municipal.
• Mapa Integral de Riesgos.
• Matriz de Observaciones.
• Semáforo de Cumplimiento Institucional.
• Plan Correctivo Prioritario.
• Cronograma de implementación.
• Recomendaciones para la entrega-recepción.
PROCESO
Fase I: Diagnóstico institucional
Se realiza una reunión con las áreas directivas para conocer la estructura del Ayuntamiento, sus procesos, observaciones existentes y principales riesgos
Fase II: Revisión documental
Se analizan expedientes, contratos, estados financieros, procedimientos administrativos y documentación de soporte conforme al alcance contratado.
Fase III: Evaluación integral
Se identifican incumplimientos, riesgos y áreas de oportunidad, clasificándolos según su impacto jurídico, administrativo, financiero y operativo.
Fase IV: Presentación de resultados
tados: Se entrega un Informe Ejecutivo acompañado de un mapa de riesgos, un semáforo de cumplimiento y un plan de acción con prioridades de atención.
Fase V: Seguimient
Se brinda acompañamiento para implementar las recomendaciones y verificar su cumplimiento antes de las revisiones de los órganos fiscalizadores o del proceso de entrega-recepción.
¿Qué pasa si no realizo una revisión previo al cierre de la administración?
No realizar esta evaluación puede dejar irregularidades jurídicas, administrativas y financieras sin detectar, provocando observaciones de auditoría, sanciones, responsabilidades administrativas, resarcitorias o incluso penales. Además, una entrega-recepción desordenada puede comprometer el patrimonio público y la responsabilidad personal de los servidores públicos al concluir su administración.
